Los diputados envían el proyecto de reforma fiscal al estudio de una comisión
La Cámara de Diputados envió este jueves el proyecto de reforma fiscal al estudio de la comisión de Hacienda, donde deberá analizarse para un posible informe que permita su aprobación o rechazo.
Aunque se esperaba que el proyecto sea enviado a una comisión bicameral para agilizar su análisis, como lo pedía el bloque de la Fuerza del Pueblo, la Cámara Baja decidió que la iniciativa cumpla con el procedimiento ordinario como cualquier proyecto regular.
Si la reforma fiscal se aprueba en la Cámara de Diputados, sería enviada al Senado para que allí sea estudiada nueva vez en una comisión y cumpla con los mismos trámites legislativos que en la Cámara Baja.
La comisión de Hacienda, que ahora estudiará el proyecto de ley de modernización fiscal, está conformada en su mayoría por diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes cuentan con una mayoría avasallante en el Congreso.
El equipo está integrado por los diputados Francisco Javier Paulino, Félix Michell, Kinsberly Taveras, Abelardo Rutinel, Carmen Ligia Barceló, Danilo Díaz, Dellys Feliz, Dorina Rodríguez, Enriqueta Rojas y Félix Hiciano.
Además, la completan los diputados Gregorio Domínguez, Jorge Frías, Rafael Castillo, Sergio Moya e Ydenia Doñé.
Detalles de la reforma fiscal
De acuerdo con la propuesta de modernización fiscal, el Gobierno busca recaudar más fondos para atender una demanda de servicios básicos que incluyen la seguridad ciudadana, el transporte, la atención primaria de la salud, el mejoramiento del sector eléctrico y la transformación de la Policía Nacional.
Si se aprueba el proyecto, el Gobierno tiene estipulado recaudar alrededor de 122,486 millones de pesos a través de una reorganización fiscal que le permita obtener más fondos.
Por ejemplo, el Poder Ejecutivo sugiere eliminar el anticipo para las personas físicas y las microempresas, además se pretende eliminar los incentivos fiscales a sectores como el turismo, el cine o la industria textil.
Asimismo, se propone que el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI) se pague cuando la vivienda tenga un costo de más de cinco millones de pesos.