Dictan tres meses de prisión preventiva contra regidor acusado de abuso sexual a su nieta
El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal dictó tres meses de prisión preventiva contra un regidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM) acusado de agredir sexualmente a su nieta menor de edad durante cuatro años.
La decisión del tribunal establece que el imputado deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres mientras continúan las investigaciones del caso.
De acuerdo con el abogado querellante, Waldo Paulino, el tribunal adoptó la medida al considerar que en el expediente existen indicios suficientes que vinculan al acusado con los hechos denunciados.
Además de su nieta, el regidor está acusado de violar a otra niña que en la actualidad tiene 10 años de edad.
El jurista explicó durante el conocimiento de la audiencia, el imputado manifestó ante el tribunal que tiene 63 años de edad y que, hasta el momento, nunca había estado privado de libertad.
Waldo Paulino aseguró que, además del caso en cuestión, también fue depositada otra querella ante la jurisdicción de violencia de género, lo que podría llevar al conocimiento de nuevas medidas de coerción contra el imputado.
La denuncia
La denuncia fue presentada por la madre de la niña, que actualmente tiene 11 años de edad. La señora acudió ante las autoridades luego de que su hija fuera sometida a evaluaciones médicas especializadas y los análisis arrojaron que la menor está infectada de clamidia, una enfermedad de transmisión sexual.
Según la denunciante, la niña era violada desde que tenía siete años.
Reacción del Gobierno
En torno al caso, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, solicitó este miércoles la expulsión del regidor de las filas del PRM, al considerar que acusaciones de esta naturaleza no deben ser toleradas dentro de la organización política.
La funcionaria calificó el hecho como grave y afirmó que el caso debe enfrentar todo el peso de la ley.
La vicepresidenta afirmó que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades y aplicar las sanciones que establece la ley.