Proyecto de ley no estipula beneficios para inmigrantes ilegales

Los inmigrantes ilegales a la República Dominicana no se beneficiarán de los programas de atención, asistencia y protección establecidos en el proyecto de Ley Integral sobre Trata de Personas, Explotación y Tráfico Ilícito de Migrantes, sometido por el presidente Luis Abinader al Senado de la República el pasado 12 de diciembre del 2022, ni tampoco podrán aprovechar el principio de no devolución que está limitado a las víctimas de trata de personas en la misma ley.

Los citados beneficios corresponden a las víctimas de trata de personas, que son aquellas personas que han sido sometidas a captación y retención, mediante el uso de violencia, por un individuo o grupo delictivo con fines de explotación o esclavitud.

Por igual, los menores de edad y personas con discapacidades psíquicas o mentales que hayan sido objeto de tráfico ilícito de migrantes podrán recibir asistencia y ser parte de los programas de atención disponibles, pero sí serán sujetos de devolución a sus países de origen.

Lo que se busca

Contar con una ley sobre trata de personas que se ajuste a los tiempos modernos, que aumente los años de cárcel a quienes comenten este delito o que elimine el requisito de probar la fuerza, el fraude o la coerción de las víctimas de la trata sexual a menores de 18 años ha sido parte de los reclamos de la sociedad civil y de actores internacionales, como Estados Unidos, que anualmente emite un reporte que condena estos temas. 

Las penas para los delitos

1. La trata de personas se condenará con penas de cuatro a 10 años de prisión y 10 a 20 salarios mínimo de multa. 
2. La explotación sexual de un adulto se condenará con penas de cuatro a 10 años de prisión y 10 a 20 salarios mínimo de multa.
3. El que incurra en el delito de matrimonio forzado será sancionado a prisión de cuatro a ocho años. 
4. La esclavitud sexual será condenada con prisión de 10 a 15 años de prisión y 30 a 40 salarios mínimos de multa.
5. La mendicidad forzada será condenada con prisión de dos a tres años.
6. El tráfico ilícito de migrantes se condena con pena de uno a dos años de prisión.