Contraloría registró mala administración en el Ministerio de la Presidencia
Al menos 17 irregularidades fueron encontradas en el Ministerio de la Presidencia, en una auditoría realizada por la Contraloría General de la República en el periodo del primero de septiembre de 2020 hasta el 31 de agosto de 2021.
Falta de estados financieros, falta de planificación y mal manejo de procedimientos de compras y contrataciones, incumplimiento de la Ley con sus activos fijos, y debilidades en asistencias, expedientes y la nómina de empleados, son algunas fallas que descubrió el personal de revisión durante el período mencionado.
Para dar con estos problemas fueron revisadas las cuentas bancarias, activos fijos, compras y contrataciones, ejecución presupuestaria, control interno, nóminas y pagos (libramientos, transferencias, y cheques) de la entidad.
FALTA DE ESTADOS FINANCIEROS
El informe de auditoría señala que el Minpre no prepara estados financieros periódicamente, lo que imposibilita evaluar el desempeño financiero de la entidad, así como también medir el buen uso de los recursos públicos asignados.
Contraloría asegura que esto no permite que sean expuestos los hechos económicos y financieros que “estén afectando” o que puedan llegar a afectar el patrimonio de la institución.
Asimismo, no tienen políticas asociadas al control y ejecución de las conciliaciones Bancarias, anticipos financieros, ingresos extrapresupuestarios, ejecución del presupuesto, y elaboración y preparación de nómina.
PROBLEMAS CON LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES
También la auditoría indica que la institución no realiza la planeación de los procesos de compras y contrataciones junto con el plan estratégico institucional ni su plan operativo anual.
Esto, indica el personal auditor, es un riesgo para que no se contemplen las necesidades reales de la institución.
Tampoco realiza envíos del Plan Anual de Compras y Contrataciones a la Dirección General de Presupuesto (Digepres), siendo esto “un riesgo de que el presupuesto asignado no sea coherente con la planeación de los procesos ejecutados”, establece el documento.
Los auditores de Contraloría dicen que el Ministerio no posee políticas que garanticen el cumplimiento del Plan Anual de Compras y Contrataciones, dando como resultado que 10 de 15 expedientes revisados por un total de RD$38,379,404, no fueron contemplados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones.
“Existen compras no contempladas en el PACC y que no cuentan con las aprobaciones correspondientes”, se lee en el informe de auditoría.
Otra de las violaciones que señala la auditoría es que existen compras trimestrales fraccionadas por montos contractuales ascendentes a RD$1,480,216 y RD$366,985 en compras menores y compras por debajo del umbral, respectivamente, que exceden los umbrales determinados anualmente por Contrataciones Públicas.
Además que, dos de las compras revisadas no poseen la evidencia de recepción del bien o servicio, siendo estas por un monto de RD$652,245, en franco incumplimiento de la Ley.
INCUMPLIMIENTOS CON LOS ACTIVOS
Por otro lado, la Contraloría encontró incumplimientos con los activos: activos subvaluados, sin códigos de Bienes Nacionales, sin etiqueta fija de Bienes Nacionales, vehículos no regulados mediante pólizas y no incluidos en la DGII.
El primero de los hallazgos con relación a los activos subvaluados es que tienen 193 activos registrados en el auxiliar de activos fijos, con valor de adquisición de un peso dominicano.
También durante la verificación física de los activos que incluyen código de bienes nacionales en el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), identificaron que 18 de 89 activos seleccionados por un costo de RD$8,055,956,84, no se encontraban etiquetados físicamente.
En el informe, Contraloría acota que esto es “un riesgo asociado a la subvaluación o sobrevaluación relacionada con la existencia de los activos fijos”, así como también un incumplimiento a lo establecido en el Manual de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado Dominicano de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental.
De igual forma, de 4,452 activos fijos registrados en el SIAB, existen 1,034 activos por un costo de RD$32,167,745,40, los cuales no poseen código de Bienes Nacionales.
Otro de los hallazgos es que la institución posee nueve de 54 vehículos por un costo de RD$9,525,461.65, los cuales no se encuentran respaldados mediante pólizas de seguro, siendo esto un “riesgo de pérdida material por los bienes dañados excluidos de la cobertura”.
La auditoría además reveló que la entidad posee 43 de 54 vehículos en su auxiliar de activos fijos, que no se encuentran registrados en la plataforma de la DGII, por un costo de RD$76,074,473.68.
DEBILIDADES EN ASISTENCIAS, EXPEDIENTES Y LA NÓMINA DE EMPLEADOS
Por otro lado, durante la revisión a la administración de Recursos Humanos de la entidad, Contraloría identificó debilidades en asistencias, expedientes y la nómina de empleados.
Establecen que la entidad no tiene control de la asistencia del personal y anotó que como consecuencia, puede que “existan servidores públicos que no asistan a desempeñar funciones públicas y que estén siendo remunerados”, así como también, servidores públicos que “no cumplan adecuadamente con la jornada laboral”.
Revelaron que existen seis expedientes de empleados que no tienen anexado el contrato o nombramiento correspondientes, tres expediente de empleados fijos que no poseen evidencia de conocimiento del código de ética por parte del empleado y tres sin evidencia de la evaluación de desempeño realizada durante el período laborado.
Asimismo, tienen tres empleados fijos sin certificado de estudios ni hoja de vida, 9 sin el formulario de evaluación de adaptación, dos sin formulario de requisición del personal, cinco que no tienen informes de entrevista a candidatos realizadas por Recursos Humanos, 10 que no poseen Formulario de Referencias Laborales y siete que no poseen evidencia de los resultados de las pruebas psicométricas ni técnicas aplicadas.
La auditoría devela que existen 58 empleados devengando sueldos bruto mensuales por RD$2,499,000, a través de departamentos y divisiones no aprobados por el Ministerio de Administración Pública (MAP), lo que está violando la Ley número 41-08 de Función Pública.
El objetivo de la auditoría fue conocer el control administrativo utilizado por la institución, con la finalidad de que todo vaya acorde a lo que establece la Ley.