Gobierno busca atraer más empresas formales a la zona fronteriza

La línea fronteriza que divide a República Dominicana y Haití tiene una extensión de alrededor de 370 kilómetros. Las provincias dominicanas fronterizas (Montecristi, Dajabón, Independencia, Elías Piña y Pedernales) han sido históricamente caracterizadas por múltiples carencias, incluyendo la falta de acceso a servicios públicos, infraestructura física pobre o inexistente y los niveles de pobreza más altos del país. Estas provincias están cada vez menos pobladas, debido a que sus habitantes emigran hacia otras zonas de mayor actividad económica.

Sin embargo, los mercados binacionales ubicados en Dajabón, Elías Piña, Independencia y Pedernales mueven millones de pesos diariamente de manera formal e informal. El estudio económico del mercado fronterizo domínico-haitiano 2014-2018, del Banco Central indica que el flujo comercial informal fronterizo entre ambas naciones ascendió a US$429.6 millones en 2017. De ese total, US$331.5 millones correspondían a exportaciones nacionales y US$98.1 millones a importaciones.

En cuanto al comercio formal, el Centro de Exportación e Inversión de República Dominicana (ProDominicana) indica que en 2022 las exportaciones locales hacia esa nación superaron los US$1,030 millones, con una balanza positiva de aproximadamente un 95%, puesto que solo un 5% de ese valor o menos corresponde a importaciones desde esa nación.

Ante ese panorama, el Gobierno dominicano implementa, en conjunto con el sector privado, diversos programas y proyectos de inversión turística en el caso de Pedernales y energética para Manzanillo en Montecristi, así como incentivos fiscales para el crecimiento socioeconómico de esas provincias, incluyendo también a las cercanas Santiago Rodríguez y Bahoruco. Aunque la búsqueda del desarrollo de la zona fronteriza no es nueva. En 2001 se promulgó la Ley 28-01 que creaba una Zona Especial de Desarrollo Fronterizo.

La misma establecía que las empresas ubicadas en las referidas siete provincias tendrán una exención de un 100% del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto durante un período de 20 años. Además, del 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos. No obstante, estos incentivos no lograron sacar de la pobreza y desigualdad la zona fronteriza.

La Ley 28-01 presentaba ciertos “vicios” que requerían corrección, según la exvicepresidente ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Circe Almánzar, quien explicó a elDinero que la modificación de dicha ley tenía como objetivo establecer requisitos de desempeño en empleomanía para garantizar que los incentivos fiscales estén vinculados al número de empleos generados en la zona fronteriza.

“Anteriormente, muchas empresas se instalaban allí, pero la mayoría de los empleos se producían fuera de la frontera”, recordó Almánzar. Destacó que la nueva Ley 12-21 busca eliminar distorsiones o competencia desleal con empresas similares en otras zonas del país.

Según el director ejecutivo del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), Erodis Díaz, 82 empresas operan en las siete provincias, acogiéndose al régimen de incentivos contemplado en la Ley 12-21, la cual entró en vigor en febrero de 2021.

Con la nueva legislación, el Consejo ha aprobado un total de 42 empresas, de las cuales 29 fueron son reclasificadas a la Ley 12-21 y las restantes aprobadas en lo que va de este año. La inversión total por parte del sector privado en las nuevas empresas asciende a RD$52.1 millones.

“Estamos hablando de alrededor de 42 empresas aprobadas durante el 2023, algo extraordinario para nosotros por lo que se marca un hito en términos del consejo”, resaltó el también secretario ejecutivo del CCDF. Estas nuevas empresas proveen generar alrededor de 11,528 empleos.

Las empresas acogidas bajo la Ley 28-01 generaron unos 12,090 puestos de trabajo. Díaz subrayó que las principales actividades de las empresas acogidas a la nueva Ley 12-21 son agroindustria (59%), manufactura (32%), energía y minería (5% cada una) e industria alimenticia.

“La ley anterior tenía algunas limitaciones, pero hoy la Ley 12-21 es más abierta y permite que cualquier empresa que vaya a generar empleos sea evaluada y pueda ser clasificada en este régimen de incentivos”, recalcó.

Para el empresario Fernando Capellán, presidente y fundador del Grupo M y de la Compañía de Desarrollo Industrial (Codevi), la Ley 12-21 es “importantísima” para crear oportunidades, generar empleos formales y motivar a los jóvenes capacitados de la zona fronteriza a no migrar y, a que personas de otras provincias quieran mudarse a la frontera.

Destacó la necesidad de contar con incentivos adicionales para atraer más empresas e impulsar el desarrollo en esas demarcaciones.

De su lado, Pedro Brache, expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), explicó que esquemas como el desarrollado por Codevi “tienen mucho mérito y futuro”. Dijo que para el desarrollo fronterizo se requiere más infraestructura, “pero hay que construirlas para que vengan las empresas a esa zona”.

Agregó que todo esto “debe ser con el apoyo financiero y logístico internacional, pero que el modelo debe ser para generar exportaciones o complementar a empresas locales en su producción”.

Al respecto, Almánzar indicó que es crucial obtener financiamiento favorable para las empresas que se establezcan en las provincias fronterizas, además de incentivos fiscales.

Esto implica que entidades como el Banco de Desarrollo y Exportación (Bandex) deben ofrecer programas especiales con tasas de interés favorables para fomentar el desarrollo en dicha zona. “Se requiere un conjunto de medidas para lograr un desarrollo efectivo y proporcionar servicios básicos en la zona fronteriza y así capitalizar mayor inversión de empresas”, puntualizó la empresaria.

¿Qué preocupa al empresariado en la frontera?

Ante la interrogante de si al empresariado le preocupa la seguridad, por su proximidad con Haití y los actos de violencia en ese país, el titular de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo enfatizó que las principales inquietudes son temas de infraestructura, conectividad y capacidad para contratar mano de obra calificada. Descartó que la inseguridad del otro lado de la frontera sea una preocupación.

En cambio, la exvicepresidente de la AIRD considera que es la situación convulsa que vive Haití genera incertidumbre al sector, por lo que resolver los problemas de violencia e inseguridad en ese país podría atraer mayores inversiones a la zona fronteriza.

En relación a este tema, el economista Antonio Ciriaco, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), coincidió en que el personal tecnificado y la limitación de servicios públicos y privados en las referidas provincias fronterizas son una barrera al crecimiento económico.

Conforme a Ciriaco, muchas empresas requieren empleados altamente calificados, pero la capacitación o regularización del estatus legal, en el caso de trabajadores haitianos, representa un costo adicional a las industrias. Además, cree que para hacer un “muro de empleos”, en la frontera, las empresas deberían instalarse en el lado haitiana.

“Es fundamental garantizar la seguridad y trabajar en el desarrollo del capital humano. Se requiere un conjunto de medidas para lograr un desarrollo efectivo y proporcionar servicios básicos en la zona fronteriza”, recalcó Almánzar.

Sacrificio fiscal

El sacrificio fiscal del Estado dominicano en exenciones asciende a RD$5,006 millones en los últimos seis años. De ese monto, RD$1,575.2 millones corresponde al 2022 y RD$531.7 millones al 2023 (hasta junio). Díaz aclaró que, hasta el momento, no se han otorgado incentivos bajo la Ley 12-21, sino que los concedidos hasta ahora son a través de extensiones de la Ley 28-01.

“Se han ingresado empresas muy grandes como el tema de la energía y plantas de combustibles. Tenemos empresas que van a hacer inversiones de más de 2,000 millones de dólares”, indicó el director ejecutivo del CCDF, al sostener que este sacrificio fiscal del Estado debe verse como una inversión relevante.

Para el cierre de 2023, proyecta agregar unas 12 empresas más al régimen de incentivos, “porque si se aprobó esa cantidad en seis meses, creemos que podríamos lograr ese mismo número en los próximos meses o inicios de 2024”.

Ley 12-21

Para que los incentivos fiscales tengan una “razón de ser” es primordial la fiscalización. Erodis Díaz, director ejecutivo del CCDF, aseguró que en su administración, contrario a la anterior, está enfocada no solo en fiscalizar al menos tres veces al año, según la actividad, sino que brinda mayor acompañamiento a los empresarios que desean acogerse a la Ley 12-21.

“Nosotros realizamos inspecciones generales y puntuales periódicas para verificar las actividades de las empresas y el uso de la materia prima y equipos adquiridos bajo la ley de incentivos 28-01 y ahora 12-21”, resaltó Díaz. Dijo que se busca promover la inversión privada en toda la zona fronteriza, con facilidades de incentivos fiscales.