República Dominicana y sus “buenas notas” en accidentes de tránsito
Desplazarse de un lugar a otro es una de las actividades más comunes y cotidianas. En el caso de transitar en las calles de República Dominicana, esto supone el riesgo de perder la vida. Durante los últimos años y de manera consecutiva el país se sitúa entre los cinco con más accidentes de tránsito en el mundo, una especie de epidemia para la cual todavía no hay vacuna.
Según los datos disponibles en el Portal Nacional de Datos Abiertos a través de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), solo en 2023 esa institución registró 1,994 muertes por accidentes, de las cuales 1,661 fueron de sexo masculino y 255 de sexo femenino. A esta cifra se suman otras 28 personas fallecidas cuyo sexo no fue identificado.
República Dominicana en primer lugar
Es por ello por lo que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) coloca a República Dominicana en la primera posición con la tasa más elevada de fallecimientos al año y ocupando desde el año 2000 hasta la fecha los primeros cinco lugares de dichas mediciones.
A todo esto, recordemos que el pasado 2 de enero el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), en el marco del operativo Conciencia por la Vida, Navidad 2023-2024, se reportaron 38 muertos durante las festividades de Navidad y Año Nuevo y todos los decesos, dentro y fuera del operativo, fueron consecuencia de accidentes de tránsito siendo la mayoría en motocicletas.
Haciendo una revisión a los datos ofrecidos por la Digesett, en el período comprendido entre 2016- 2023, se puede desglosar las cifras de los fallecimientos por meses, regiones, por intervalo de horas, por provincias, día de la semana, e incluso según el género, medio de transporte, rango de edad y por tipo de accidente.
Lesiones más comunes
En cuanto a asistencia médica, según informes de los principales centros hospitalarios traumatológicos que forman parte del Servicio Nacional de Salud (SNS), las lesiones más comunes provocadas por accidentes son: traumatismos craneoencefálicos severos, amputaciones, pérdida de la vista, lesiones neurológicas, fracturas múltiples, lesiones medulares, en la cabeza, cerebro, cuello, espalda, pelvis, abdomen y costillas.
En este sentido, el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora señala que durante 2023 atendieron un total de 11,062 personas como consecuencia de accidentes de tránsito. De estos casos, 10,420 fueron en motocicletas; 554 en automóviles y 63 en autobuses, otros 25 no fueron identificados. Es válido resaltar que entre 2018 y 2023 las motocicletas lideran las cifras en ese centro asistencial.
En cuanto a las horas y los días más frecuentes donde sucedieron los accidentes durante el recién finalizado año, apuntan a que los domingos (483), lunes (336) y sábados (307) son los días lideran el conteo, entre las 6:00 de la tarde y 5:00 de la mañana. Según expertos, es una consecuencia de las actividades de ocio propias del fin de semana y el consumo de alcohol, siendo los jóvenes entre 16 y 35 años el rango poblacional de mayor tasa de fallecimientos.
En los hospitales traumatológicos y quirúrgicos Prof. Juan Bosch y Dr. Darío Contreras, el panorama es similar. Las cifras de Datos Abiertos señalan además que las provincias con mayor tasa de fallecimientos son: Santo Domingo (258), San Cristóbal (162), La Altagracia (151), La Vega (133) y Santiago (121).
Las causas
En el ordenamiento jurídico dominicano existe la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que tiene por objeto: “regular y supervisar la movilidad, el tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial en las vías públicas”, precisamente la violación de esta normativa es una de las principales causas.
Para el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) el origen de los accidentes de tránsito en República Dominicana está asociado al factor humano, de manera más específica a imprudencias como el exceso de velocidad y manejo temerario y el irrespeto de las normas de tránsito y señalizaciones por parte de conductores y peatones.
Según las estadísticas de Digesett, las infracciones del recién finalizado año ascienden a 1,503,418 siendo las más frecuentes el no uso del casco protector por los motociclistas, con un total de 370,528 multas; el irrespeto a las señales del semáforo (luz roja), con un total de 147,291 y en tercer lugar la conducción con exceso de velocidad con 135,340 multas.
En el cuarto lugar se encuentra la circulación sin seguro, con 114,846 multas; en el quinto lugar el transito sin licencia o licencia vencida, con 113,053 multas y el no uso del cinturón de seguridad sexto lugar, con 89,945 multas, respectivamente.
No obstante, el estado de las calles, carreteras y autovías, sumado a la falta de alumbrado, también son caldo de cultivo para este tipo de siniestro. Además, la falta de régimen de consecuencias está estrechamente vinculada a que los ciudadanos no se tomen en serio la responsabilidad que supone detrás del volante. Por ejemplo, es común ver lo normalizado que está el consumo de bebidas alcohólicas cuyo expendio se realiza a conductores hasta por drive thru (autoservicio).
Durante el 2023
De camino al trabajo, la escuela o la universidad, en una excursión o de camino visitar a un familiar, incluso dentro de su propia casa, la muerte ha tocado la puerta de miles de personas sin que hasta al momento se hayan implementado las medidas que estén a la altura de este problema. Tal natural y normalizado como el hecho que haya cuentas en redes sociales que los reportan diariamente y a las que nunca les falta contenido.
En el marco del operativo “Conciencia por la Vida, Semana Santa 2023”, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 30 fallecidos, de los cuales 18 fueron accidentales en motocicletas, dos por atropellamiento y seis en vehículos livianos. De esta cantidad de fallecidos, 15 se registraron dentro del referido operativo.
Según los datos del COE, durante los jueves, viernes y sábado se registraron 164 accidentes en las vías del país, donde resultaron afectadas 227 personas. De estos accidentes, 124 involucraron motocicletas, vehículos livianos 27, atropellamientos 10 y vehículos pesados tres. De estos 98 ocurrieron en autopistas y carreteras, 66 en cascos urbanos.
Tragedias
El 30 de mayo se produjo una colisión entre un autobús escolar y un camión cisterna próximo al kilómetro 10 de la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar. En el accidente fallecieron las estudiantes Alexandra Clevel y Estefany Castillo. En este siniestro 14 estudiantes resultaron heridos, cuatro miembros de una misma familia.
El 23 de junio un autobús de la empresa Transporte Espinal se accidentó en el tramo Guaco-La Vega de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Santiago. Seis personas perdieron la vida en la colisión.
El 6 de agosto 13 ciudadanos haitianos fallecieron, entre ellos dos menores de edad. La yipeta que los transportaba de manera irregular cayó a un canal de riego próximo a la comunidad Peñuela, del municipio Esperanza, provincia Valverde. Los residentes de la zona informaron que lograron rescatar con vida a tres personas.
La mañana del 9 de septiembre se produjo un trágico accidente que cobró la vida de al menos nueve personas. Este involucró a dos autobuses que transportaban empleados de dos reconocidas cadenas hoteleras, mientras se trasladaban a su lugar de trabajo por la carretera La Otra Banda-Verón, en el municipio Higüey, en la provincia La Altagracia.
Cuatro personas murieron en el lugar del accidente, mientras que otras cinco fallecieron cuando recibían atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia.
Más casos
El pasado 29 de noviembre una patana cargada de cemento impactó a un autobús de pasajeros próximo a una cañada de la comunidad Quita Sueño, provincia San Cristóbal, dejando un saldo de 13 personas fallecidas.
El cuerpo del conductor del autobús identificado como Uris Méndez fue encontrado un día después bajo el concreto que se formó por la mezcla del agua de la cañada y el cemento que cayó por el accidente.
La tarde del domingo 3 de diciembre, tres personas perdieron la vida en un accidente de tránsito en el sector Ojo de Agua, provincia San José de Ocoa.
El accidente aconteció al regresar de una actividad religiosa, cuando la yipeta en donde se transportaba chocó con un poste de luz, lo que provocó que el vehículo cayera a una cañada e impactara con un árbol.
Los fallecidos fueron identificados como Rafael Augusto Martínez Lantigua, Judith Cricel Tejada Cuello y Suhay Hernández, quien murió cuando recibía atenciones médicas en un centro de salud de la zona, esta última había vencido la lucha contra el cáncer luego de varios años de tratamientos.
Impacto social y humano
Vivir en un país con una alta inseguridad vial ya es un desafío, pero ¿cómo impacta la vida y la salud mental de la gente la manera en cómo se gestiona la movilidad y el tránsito en República Dominicana? Para la psicóloga y terapeuta familiar Karem González, la dinámica del tránsito y conducir está estrechamente relacionado con altos niveles de estrés que vive la población y, por ende, la salud mental se ve comprometida.
“Para hablar de salud mental debemos recordar que esta se define como la capacidad de llevar una vida en balance; entonces cualquier factor psicosocial que amenace con ese equilibrio se convierte en un elemento de importancia”, afirmó la también directora del Centro Integral Lotus.
Agrega que “en República Dominicana hay una normalidad en cuanto a la conducción temeraria y a la defensiva; eso se traduce a un panorama agresivo y de intimidación donde si adicional a esto se le suman otros elementos como ser peatón o ser mujer, tenemos un panorama sombrío.”
Además, refiere, el daño y el duelo que produce el fallecimiento de un ser querido ya es una pérdida irreparable al igual que el gasto que supone la recuperación de una persona que sobrevive a un accidente que en muchos casos no pueden reintegrarse a la vida laboral y desarrollan estrés postraumático.
Costo
Otro factor agravante en términos de impacto es la constante exposición y divulgación de fotografías y video de personas accidentadas en redes sociales y medios digitales, comprometiendo y vulnerando la dignidad e imagen de las personas accidentadas.
A esto se suma también un costo económico a nivel estatal, pues los accidentes de tránsito les cuestan al Estado entre US$2,200 millones y US$3,400 millones, que equivale a aproximadamente el 2.21%-3.2% del producto interno bruto (PIB), mayormente distribuidos en servicios médicos y daños a la infraestructura y espacios públicos.
Ante este panorama, es indiscutible que invertir en educación vial para la prevención es una estrategia rentable para la ciudadanía, el Gobierno y la sociedad dominicana, una solución colectiva para un problema colectivo.
¿Qué se ha hecho para cambiar la situación?
Según los indicadores de organizaciones a nivel internacional, la educación vial es la mejor inversión para concientizar a los ciudadanos sobre el respeto a las normas de tránsito, normas a las que los dominicanos se apegan cuando les toca emigrar a otros países.
Con el objetivo de “transformar el escenario mediante la reducción de un 50% de las muertes y lesiones por siniestros viales”, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) lanzó en 2021 el Plan Estratégico Nacional Para la Seguridad Vial de la República Dominicana 2021-2030.
Esta iniciativa tiene una proyección de ejecución de diez años y está compuesto por los ejes estratégicos de institucionalidad, movilidad, educación, fiscalización, atención e información, con sus respectivos objetivos.
Además, en 2021 se comenzó a implementar el Registro Nacional de Motocicletas, que, en cumplimiento de la Ley 63-17, establece de obligatoriedad el uso del casco protector rotulado con la placa de la motocicleta, así como la obtención de la licencia de conducir categoría 1. Para septiembre del mismo año el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez, había dado a conocer más de 124,000 motocicletas registradas.
Prioridad
Ante lo señalado, es de suma urgencia hacerle frente a esta problemática a través de estructuras institucionales, colocando en la agenda política la seguridad vial como prioridad, haciendo cumplir las leyes de tránsito y aplicando las sanciones correspondientes cuando se incurre en su violación.
También se hace necesario una mayor sistematización en cuanto a las cifras que son una herramienta indispensable para el diseño de políticas públicas y cuya efectividad pueda medirse en el tiempo a través de sus indicadores.
En la actualidad tampoco se cuenta con suficientes profesionales para la investigación de accidentes tal como lo indica la Ley 63-17 en su articulado 23 sobre las unidades técnicas de investigación de accidentes de tránsito: “La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) dispondrá de unidades técnicas para las investigaciones de accidentes de tránsito, las cuales se realizan bajo la dirección funcional del Ministerio Público”.
No contar con suficientes recursos humanos para estos fines no solo afecta el levantamiento de información, sino que también compromete en muchos casos la veracidad de los hechos con miras a establecer sanciones.