Gobierno responde a enviado de la ONU en Haití sobre repatriaciones de haitianos
El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana (Mirex) respondió esta tarde al enviado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos en Haití, William O’Neill, quien había hecho un llamado para que se descontinúen las repatriaciones de haitianos, debido al estado de inseguridad que vive ese país.
Ante esta declaración, el gobierno dominicano precisó que la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana.
Mdiante un comunicado de prensa, el Mirex señaló que la crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana.
«República Dominicana es el único país que hace frontera terrestre con Haití. Siendo igualmente un país en vías de desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos. Esta es una obligación irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. El deber del Gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos», expone el comunicado.
El mirex sostuvo que el masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible ya que solo en 2022, República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano.
«Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generen graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional», explica el comunicado.
El gobierno dominicano destacó las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS), las cuales muestran el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares.
«Por ejemplo, en 2018, el 12,5% de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción aumentó dramáticamente al 23,7% en 2019, al 27,2% en 2020, al 30,5% en 2021, al 33.1% en 2022 y al 34% en 2023 (según datos hasta mayo). En los últimos tres años, estamos promediando más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. El costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano.», indica el documento.
El Mirex echortó que después de 19 años bajo un mandato de las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo.