“Del apagón a la estabilidad: lo que significa el nuevo decreto eléctrico”

Una medida que busca garantizar más energía y menos apagones, pero cuyo verdadero impacto dependerá de la transparencia y la planificación a largo plazo.

Por: Jezabel García

El presidente ha emitido el Decreto 517-25 que declara de emergencia el sector eléctrico. A primera vista, puede parecer una medida más en medio de tantas disposiciones administrativas, pero en realidad tiene un alcance muy significativo para el país.

Este decreto abre la puerta a que se aceleren las compras y contrataciones en el sector eléctrico: desde equipos y repuestos hasta nuevas plantas de generación rápida, proyectos de almacenamiento y modernización de redes de distribución. ¿Qué significa esto para la gente? Significa menos apagones, mayor estabilidad en el servicio, y la posibilidad de que los hogares, comercios e industrias cuenten con una electricidad más confiable. Un paso crucial en un momento donde la demanda sigue creciendo y la economía necesita un soporte energético sólido.

También se busca atacar uno de los problemas históricos del sistema: las pérdidas eléctricas. Con la instalación de medidores modernos, la rehabilitación de redes y mecanismos más eficientes de cobro, se pretende reducir el fraude y las fugas técnicas que tanto afectan las finanzas del sector y, en última instancia, el bolsillo de los contribuyentes. Esto, sin duda, es positivo.

Ahora bien, al mismo tiempo que reconocemos los beneficios, no podemos dejar de mirar con objetividad los retos. Una declaratoria de emergencia no puede convertirse en excusa para improvisar ni para relajar los controles. La experiencia nos dice que los procesos acelerados, si no tienen supervisión efectiva, abren la puerta a contrataciones poco claras o a sobrecostos que terminan pagando todos los ciudadanos.

Por eso, más allá de la buena intención, es necesario que el Gobierno acompañe este decreto con tres acciones muy concretas:

Primero, transparencia real y verificable. No basta con subir contratos a un portal: se necesitan informes periódicos, auditorías independientes y acceso público a la información de cada proyecto, vamos a involucrar a la gente, una campaña integral donde se informe a la ciudadanía los pasos que se vayan ejecutando, de modo que sean parte del proceso.

Segundo, planificación a largo plazo. El decreto resuelve lo urgente, pero el país no puede vivir en estado de emergencia permanente. Es indispensable que esta agilidad se complemente con un plan energético sostenible que combine generación térmica con renovables y almacenamiento moderno.

Y tercero, vincular al ciudadano. La eficiencia energética, la reducción de pérdidas y el uso responsable de la electricidad no se logran solo desde arriba: se requiere educación y corresponsabilidad de todos los sectores.

En conclusión, el Decreto 517-25 representa una oportunidad valiosa: puede significar el inicio de una transformación real del sector eléctrico, siempre y cuando se administre con transparencia, visión de futuro y participación social. Si esas piezas se colocan en su lugar, podríamos estar frente a un momento histórico para la República Dominicana: pasar de un sistema eléctrico marcado por apagones y pérdidas, a uno más moderno, estable y justo para todos.