¿Qué pasa con la inversión pública?
Los efectos de la pandemia sobre el producto y el empleo en la economía han sido revertidos con resultados plausibles. Por el lado del producto, el repunte de la actividad económica permitió una revisión del crecimiento a cierre de 2021 que se sitúa en 10%. Mientras que el total de ocupados en la economía aumentó en 6.73% a junio 2021.
No obstante, la participación del sector público en la reactivación económica ha sido moderada y centrada más en consumo que en inversión. Durante los primeros nueve meses de 2021, el consumo se colocó en 4.5% de PIB y la inversión en 0.9% de PIB. En términos comparativos, el promedio histórico de la última década alcanzó 4.1% de PIB y 2.5% de PIB a septiembre, respectivamente. Es evidente que, durante el último trimestre del año, ya en ejecución, la inversión quedará rezagada en más de un punto porcentual de PIB.
En términos de ejecución presupuestaria, el consumo público se colocó en 66% respecto al presupuesto reformulado y la inversión solo alcanzó 35% a septiembre 2021. La baja ejecución de inversión pública se evidencia, también, en el nivel récord de depósitos de gobierno central cercano a RD$100 mil millones o 2% de PIB. La pregunta no se hace esperar, ¿Por qué la baja inversión con 75% del año ya ejecutado? A prima fase, si se toma el comportamiento mensual, se observa baja velocidad y bajo nivel.
A menos de tres meses de cerrar 2021, con prioridad de gasto corriente por sobre gasto de capital, ¿Por qué el nivel de inversión no alcanzará el 2.5% de PIB? Para comprender la situación, múltiples son los factores que pueden incidir en el desempeño. Sin embargo, me circunscribo a dos. Uno, que el gestor público sepa hacer una inversión o, dos, que el gestor público quiera hacer una inversión. De no saber, es cuestión de aprender el circuito de inversión pública e internalizar las curvas de aprendizaje y los distintos horizontes de tiempo que se prevén por tipo de inversión.
De no querer, responde, también, a diversos factores, de los cuales sólo resalto dos. Uno, el incentivo del gestor público a ejecutar gasto tomando en cuenta costos y beneficios. Estos últimos, asociados al escrutinio instantáneo vía redes sociales y al propio plan de gobierno que pudiese evidenciar o desconocimiento o intención premeditada. Y dos, el no querer por la sobrecarga de trámites y otros procesos administrativos que encarecen los costos explícitos e implícitos de una transacción. El peso de este último factor es relevante, por la firme decisión de las presentes autoridades de procurar transparencia en los distintos procesos de compras y adquisiciones públicas.
Ante este contexto, el déficit fiscal 2021 apunta a convertirse en uno de los más bajos de la última década con todo y el efecto pospandemia. Sin embargo, el resultado fiscal no se corresponde a una decisión de política fiscal per se, sino a la baja movilización de recursos a través de la administración financiera pública. Esta divergencia se observa en la brecha de lo que se dice y lo que efectivamente se hace. La buena planificación y un marco robusto de compras públicas son condiciones necesarias que disminuyen corrupción y promueven competencia.
Pero más importante aún, son las ejecuciones de proyectos oportunas y alineadas a objetivos de política pública. La apuesta por la calidad del gasto no solo implica a que (o quien) y donde va, sino también el cuándo se hará. Es por ello, que ante un escenario de reforma fiscal y activos en depósitos bancarios por más de RD$100 mil millones, algo pasa a nivel de ejecución, porque los números no demuestran lo contrario.