Energía, construcción, transporte y telecomunicaciones: Los sectores que se apoyarán con inversiones verdes
El cambio climático es una realidad que afecta la sostenibilidad ambiental, por lo que es imperativo que los gobiernos establezcan mecanismos que les permita tomar decisiones orientadas hacia la preservación del medio ambiente y el mejoramiento del entorno.
A nivel de políticas públicas, esto se traduce en la puesta en marcha de herramientas para que instituciones públicas y empresas adopten medidas orientadas a alcanzar este objetivo común.
En ese sentido, República Dominicana ha dado el primer paso en el diseño de una taxonomía que informe a inversionistas y compañías sobre las iniciativas ambientalmente sostenibles y transparentes a las cuales se les puede dar apoyo.
Energía, transporte, construcción, tecnologías de la información y comunicación (TIC), industria, agua y residuos son los principales proyectos que se estarán evaluando bajo un marco que les dará el financiamiento necesario para operar bajo mejores prácticas ambientales.
Durante un acto de firma en el que se dio a conocer este proyecto, el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, explicó que el país se encuentra entre los países de la región del Caribe que son vulnerables a los efectos del cambio climático, por lo que el lanzamiento de esta taxonomía “marcará el punto de partida en la financiación del crecimiento hacia una República Dominicana resiliente al clima”.
Agregó que el instrumento pretende puntualizar en definiciones claras de actividades o inversiones que incorporen objetivos ambientales nacionales, para así determinar cuáles inversiones pueden etiquetarse como “sostenibles o verdes”.
Estas palabras fueron secundadas por el vicepresidente del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL), Max Puig, quien calificó esta acción como “un paso de gigantes”, ya que coloca al país como el primero en la región en implementar un sistema que permitirá definir los criterios para la selección de proyectos sostenibles y evitar así el blanqueo de capitales verdes.
“Hay que saber cuáles son los proyectos de inversión que tienen una incidencia positiva y cuáles son aquellos que no lo tienen, para estimular a aquellos que sí tienen una incidencia positiva, y eso no se puede hacer sin una clasificación de los proyectos que intervienen. Aquí es que entra la taxonomía verde”, enfatizó.
La iniciativa también fomenta un mejor manejo de los recursos destinados a los fondos verdes, explicó el superintendente del Mercado de Valores (SIMV), Gabriel Castro, quien señaló que el apoyo de esta iniciativa se suma a los compromisos sostenibles asumidos desde la entidad, como la primera emisión de bonos verdes por un valor de US$100 millones o el financiamiento de 605 megavatios de energía renovable en el país.
Ejecución
El desarrollo de la taxonomía cuenta con un comité de monitoreo y supervisión interinstitucional conformado por las entidades financieras del sector público, el CNCCMDL y el apoyo exterior de la Corporación Financiera Internacional (IFC) y contará con el apoyo monetario de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.
La directora de Ofertas Públicas de la SIMV, Olga Nivar, informó que durante las próximas semanas se publicará a través de la creación del portal web “RDverde” una convocatoria para iniciar la mesa de trabajo con la que se busca consolidar el proyecto, para consultar a todos los actores relevantes como bancos e instituciones financieras, así como gremios, asociaciones, inversionistas y certificadores.
Preguntado sobre si ya se cuentan con montos específicos que serían facilitados para proyectos sostenibles, Jorge Mera aclaró que todavía no se han determinado, ya que el sistema de clasificación representa una primera etapa para construir una matriz que permita identificar los potenciales proyectos.
Acuerdo
El acto de firma del proyecto estuvo suscrito, además de Jorge Mera, Castro y Puig, por la representante residente de la la Corporación Financiera Internacional (IFC) en República Dominicana, Carolina Cárdenas y la consejera económica y comercial de la Embajada de España en República Dominicana, Clara Fernández Martín.
Reto
República Dominicana cuenta con el reto de lograr la reducción de hasta un 27% de emisiones de carbono para el 2030, de los cuales un 20% depende del apoyo internacional que reciba el país desde países desarrollados, un 5% de las iniciativas tomadas desde el sector privado y un 2% de las acciones estatales, sostuvo Max Puig.