Los detalles del pacto con EE. UU. que el Gobierno no revela
Los detalles del acuerdo que permitió a aeronaves de los Estados Unidos utilizar, hasta el pasado mes de abril, espacios en la Base Aérea de San Isidro y el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) fueron declarados confidenciales y restringidos apenas un día antes del anuncio oficial del presidente Luis Abinader.
A través de una solicitud de acceso a la información pública realizada por este medio al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), se requirieron las disposiciones y alcances de los permisos otorgados al gobierno estadounidense. Sin embargo, la Cancillería negó la entrega de los datos basándose en una resolución firmada el 26 de noviembre de 2025.
“Mediante la resolución núm. 008-2025 del Ministerio de Relaciones Exteriores, se designan como confidenciales los documentos, informes, comunicaciones y demás piezas documentales generadas o procesadas en el marco de las conversaciones, negociaciones y coordinaciones entre la República Dominicana y los Estados Unidos de América relativas a la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico”, indica parte de la respuesta institucional.
Curiosamente, dicha resolución fue suscrita por el canciller Roberto Álvarez un día antes de que el presidente Abinader anunciara, junto al secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, la autorización para el uso de los recintos militares y civiles mencionados.
La negativa de acceso a “todos los registros y piezas procesadas en el marco de la ampliación de la cooperación bilateral antinarcótica” se sustenta en un acuerdo previo de 1995, ratificado en 2003. El celo sobre estos documentos es tal que la resolución exige que cualquier acceso por parte del personal de la propia Cancillería debe contar con la autorización previa y expresa del ministro Álvarez.
En el ámbito operativo, la Presidencia informó que Estados Unidos aportaría aviones cisterna KC-135 para patrullaje y reabastecimiento en vuelo, así como aviones de carga C-130 Hércules para evacuaciones aeromédicas, combate de incendios y asistencia en desastres. El despliegue fue vinculado oficialmente a la denominada “Operación Lanza del Sur”.
Registros periodísticos confirman que, a inicios de diciembre pasado, un avión C-5 Super Galaxy aterrizó en San Isidro y un C-17 Globemaster III lo hizo en Las Américas, aparentemente en misiones de transporte de suministros.
Posteriormente, se reportó la llegada de al menos seis KC-135, los cuales operaron desde una base logística improvisada en el AILA.
Defensa de la soberanía
El presidente Abinader defendió el pacto argumentando que la medida no reducía la soberanía nacional, sino que la reforzaba al fortalecer el “anillo de protección aérea y marítima” y mejorar la respuesta frente al crimen transnacional.
Según el mandatario, el acuerdo permitiría a la Armada Dominicana acceder a información especializada y tecnología de punta.
Previamente, en junio de 2025, ambos gobiernos habían renovado un memorando sobre el sistema CSII, que facilita el intercambio de datos de radares para rastreos terrestres y marítimos. Este documento estipula que, de integrarse los radares dominicanos al sistema, EE. UU. podría instalar equipos de red en el país, mientras que el Estado dominicano se compromete a proveer instalaciones, electricidad y acceso para mantenimiento.
El pasado 21 de marzo, el Comando Sur de los Estados Unidos confirmó vía X (antes Twitter) la conclusión del apoyo de sus aeronaves en territorio dominicano, tras finalizar sus operaciones multinacionales contra el tráfico ilícito en el Caribe. La salida de las naves se produjo días antes de que expirara el permiso otorgado por el Ejecutivo.